La visión humana

Aunque tengamos unos ojos similares a muchos animales superiores similares a nosotros, incluso puede que menos perfeccionado en algunos aspecto que alguno de ellos, la vista humana es uno de nuestros mayores patrimonio como especie.

Nos ha ayudado, junto a las manos, a ser como somos y a haber llegado evolutivamente al lugar que ocupamos.

Si creer personalmente que seamos superiores a nadie, ni que tengamos alma o vida eterna, sí que es cierto que tenemos unas capacidades que al menos no hemos descubierto en grado tan desarrollado en otras especies.

Al parecer el secreto de nuestra visión es una parte del cerebro que va guardando a lo largo de nuestra vida una memoria visual, como escenas, o fotogramas de una película.

Cuando vemos sólo nos concentramos en una parte de la escena y somos capaces de ir fijando nuestra vista en puntos distintos a gran velocidad, controlando de una forma muy eficaz lo que sucede. Pero esa visión de un punto concreto se ve completada con un artificio que proviene del cerebro, y que es el uso de imágenes en la memoria para completar el resto de la escena.

Es decir, no todo lo que vemos lo estamos realmente “viendo” sino que gran parte de la imagen la estamos recreando, inventando, sobre todo cuando estamos en una situación controlada.

Esta forma de vista tan desarrollada, al parecer, nos ha aportado una gran ventaja porque contamos con un gran cerebro que lo complementa. Bueno, o el cerebro puede que se haya desarrollado en gran medida para que tengamos este tipo de vista, quién sabe.

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Frente a la rebelión de las élites, concienciación y solidaridad ciudadana.

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El lenguaje de la optimización de los recursos, de la reducción del déficit, de la eliminación de duplicidades, del combate del fraude en las prestaciones, de la mejora de la calidad educativa, de la insostebilidad de las pensiones esconde decisiones ya tomadas que benefician -y mucho- a las élites financieras que, no lo olvidemos, dominan bancos, multinancionales, instituciones europeas.

A quienes no le interesa esos derechos ciudadanos -porque se pueden pagar de forma privada sus necesidades- pretenden descaradamente evitar que con sus pequeños y excepcionales impuestos se financie lo público, para percibir aún más renta, sin rubor alguno, con todo el descaro, ante nuestras narices.

Pretenden convencernos de que el déficit es malo. Claro, eso significaría que para financiar las prestaciones deberán volver a pagar impuestos por encima del 1 o del 10%, porque con el deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores esto no se sostiene, eso es cierto. Tendrían que dejar de recibir subvenciones las eléctricas, las telecos, los bancos, etc. etc. O bien reorientarlas sólo a las empresas que inviertan, que creen empleo, que apuesten por una economía de futuro, que no contaminen…

Dicen que el problema son sindicatos y políticos, ciudadanos que gastaron más de lo que podían, el boom inmobiliario, pero eluden sus responsabilidades quienes más se han beneficiado, quienes pretenden beneficiarse a toda costa y aún en situaciones como las actuales, quienes quieren recibir plusvalías sí o sí, cualquiera que haya sido el resultado de su gestión, por encima de quien sea…

Pero los ciudadanos debemos recobrar nuestra conciencia de lo que somos, nada si nos creemos los mensajes del déficit y las reformas sin rechistar, volveremos a hipotecar nuestro futuro pero esta vez no con el préstamo de una casa a precios hinchados, sino para costearnos ahora una educación de “calidad”, una sanidad que nos cubra nuestras necesidades o un plan privado de pensiones que supla la pérdida de poder adquisitivo de nuestra merecida pensión.

¿Y a los políticos? ya nos encargaremos de exigirles a través de nuestros foros: asociaciones de consumidores, de vecinos, sindicatos, procesos electorales. Ya decidiremos nosotros mismos -sin tutela de los medios de comunicación- si votamos a unos, otros o los de más allá, pero los queremos ahí porque son el único enlace entre ciudadanía y poder. Si no existen no tenemos forma de intervenir en la vida pública, es decir, seríamos una dictadura. Por ahora sólo somos una democracia que debe mejorar, y es una gran diferencia.

¿Los sindicatos? ya nos afiliaremos al que más nos convenza, si queremos, o votaremos al que trabaje por nuestros derechos si nos da la gana cuando haya elecciones sindicales. Pero que estén ahí, desde luego no va a ser la patronal o sus medios de comunicación los que nos cuestionen su existencia si ellos son incapaces de cuestionar a sindicatos obsoletos, clasistas, obligatorios como los colegios profesionales, o a las mismas patronales.

¿El gasto público? ya decidiremos de dónde saldrán los impuestos para sostener el estado. En cualquier caso, si hay muchos funcionarios de sanidad, es probable que haya mejor sanidad y atención, además de más recaudación por irpf. Si los hay en educación, hay formación de calidad y nuevamente más cotizantes a la seguridad social, a las pensiones, al desempleo y en el irpf. A más inspectores de hacienda o de trabajo, se combatirá mejor el fraude fiscal y el laboral. Todos ganamos. Pero el problema es que van a tener que pagar impuestos los que se han acostumbrado a no hacerlo, a ganar más de lo que necesita nadie, más de lo que podría gastar en tres generaciones, a ganar sin riesgo ni responsabilidades.

Pero ya no nos engañan, ya sabemos qué pasa.

Cada recorte tiene un beneficiado, y no somos nunca los ciudadanos.

Grandes empresas, aseguradoras y bancos se frotan las manos por la parte del pastel que se pueden llevar “liberalizando”, vendiendo servicios públicos. Perderemos calidad, se perderá empleo, pero la factura pública me temo que bajará muy poco, puesto que el beneficio va a ir a manos privadas: planes de pensiones, pólizas médicas y colegios o universidades privadas pueden ser nuestra próxima hipoteca si no ponemos ya pie en pared.

Y van a tratar de evitarlo a toda costa: ignorando la interlocución sindical, recortando el derecho a la huelga y a la movilización pública, incluso ignorando a los propios políticos electos en el parlamento (tramitando decretos que eluden el debate legislativo) o puenteando -como a sindicatos- a los profesionales de la sanidad, a los de la educación o a quien se ponga por delante ¿es que no lo vemos aún?

Los ciudadanos no somos los que tenemos que entender los efectos el déficit o de la deuda soberana. Eso nos lo tendrán que explicar, y no lo han hecho: que no se puede gastar lo que no se tiene es muy pedagógico pero no somos niños, y hacer las cosas con sentido común hacer lo que hay que hacer, está muy bien como norma moral para una persona, pero es mejor que un gobierno utilice el sentido de estado, y hacer las cosas como dios manda ha de ser sustituido por hacer lo que los ciudadanos necesitamos, exigimos o, mejor aún, que nos sean reconocidos nuestros derechos ¿pero es que nos toman por imbéciles?

La herencia recibida sigue siendo una excusa porque, si ha existido fraude, dispendio o despilfarro debe ser denunciado cuál, dónde y quién ha sido, y eso no se ha hecho (sólo se ha señalado con el dedo a responsables “políticos” del despilfarro), con lo cual ahora si se nos van a pedir sacrificios nos tendrán que explicar por qué, pues seguimos sin  entender cómo hemos llegado a esta situación.

Se nos habla de comunidades despilfarradoras, cuando suelen ser las que menos gastan por ciudadano (como Castilla la Mancha) y llaman cumplidoras a las que gastan el doble (como Madrid).
Pese a que se habla abiertamente de duplicidades y se culpa a las autonomías, hay más gasto en el estado, aunque se tiene que recortar menos y eso que las grandes partidas están transferidas. Así, mientras el déficit total en euros es sólo un 15% mayor en las cc.aa. (con un gasto total un 70% mayor por tener transferidas sanidad y educación) se les exige que recorten un 60%, frente a sólo un 35% que se exige a la administración central. Pues no lo entiendo.

En fin, si de esta crisis debemos sacar una lección es que detrás de muchas cosas que se dicen hay intereses, muchos, y la mayoría económicos.

Tenemos que tomar conciencia ciudadana. Tenemos derechos. Si nos exigen sacrificios habrá que explicarlos, seguramente los asumiremos. Pero no lo han hecho, no han habido explicaciones ¿por qué entonces tenemos que acatar los recortes sin más?.

Seamos ciudadanos. Seamos trabajadores. Seamos solidarios. Seamos críticos y exigentes.

Pongamos qu’hablo de Madrí

Hay muchas cosas de las que en Madrid no se habla, porque es mejor desviar el debate hacia el resto de comunidades autónomas, a base de repetir ideas como que ya está bien de que las comunidades (las demás) quieren cada vez más dinero, de que se subvenciona a las de siempre…

Quizás sea bueno recordar que:

– Dos tercios de las principales empresas (ibex35) y un tercio de las cinco mil mayores que son además las que más facturan (la mitad del total) tienen casualmente su sede social en Madrid, es decir pagan allí su abultada tributación al impuesto de sociedades. Solo las del ibex pueden suponer un regalo a los madrileños de cuarenta mil millones en beneficios tributables (más de 6.600€ por ciudadano, más de 27.000€ por afiliado a la seguridad social)

-El iva que pagamos en nuestra comunidad a Telefónica, a Renfe, a Iberia, etc. es ingresado en Madrid.

En tu empresa te exigen que para “mejorar” vayas a Madrid, es decir, que tributes más (pero en Madrid) y que consumas allí. Entre un 40% y un 90% de las plantillas de las grandes empresas tiene necesariamente que trabajar en Madrid ¿en la era de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información y del teletrabajo?

cientos de accesos y de kilometros de metro, la tercera red del mundo

¿en España podemos permitirnos el tercer metro del mundo? Si, a costa de que otras ciudades no lo tengan

Que sepamos, las empresas no eligen sus sedes ni toman sus decisiones democráticamente. Entonces ¿no corresponde a los gobiernos compensar la falta de ingresos y de inversiones a los ciudadanos perjudicados por la unilateralidad de las multinacionales y grandes empresas?

Sin embargo, a cambio, Madrid tiene el 40% de las redes de metro españolas, el 20% de las de cercanías, más autovías y autopistas que otras comunidades aunque, como Andalucía, estén más pobladas y tengan las grandes poblaciones más dispersas. También todas las líneas de alta velocidad pasan por Madrid.

Los impuestos los pagamos todos, pero muchos se recaudan en Madrid. Y se también se disfrutan.

Por lo tanto, más líneas de cercanías, más alta velocidad no radial, líneas de metro adecuadas en todas las áreas con más de medio millón de habitantes como Sevilla, Málaga, Zaragoza, Murcia o Alicante, sin que se tengan que elegir entre unas u otras. Es decir más infraestructuras que hagan que la responsabilidad social de las empresas sea algo más que un informe anual y desarrollen el empleo y la actividad económica en Extremadura, La Mancha, Aragón, Andalucía, …

Entonces en Madrid se vivirá mejor: menos atascos, menos contaminación, menos estrés. ¿nadie quiere una M-30 fluida?. Yo sí.

Lecciones de la crisis

Tenemos tendencia a culpar de todo a políticos, sindicatos, autonomías, parados, inmigrantes. Pero habrá que valorar críticamente qué estrategias hay tras afirmaciones tan difundidas, nunca confirmadas por datos coherentes.
Se afirma gratuitamente desde distintos medios que Sanidad, Pensiones, Educación o Subsidios no son viables tal como están…¿no habrá intereses detrás de todo?
Hemos sido engañados durante años por una burbuja económica de construcción y crédito que dinamizaba la economía creando empleo, financiando ayuntamientos. Hoy las hipotecas han acabado asfixiando a miles de españoles.
Ahora -sin percatarnos de ello- se busca una hipoteca alternativa: pagar por la sanidad, por las pensiones o por la educación. Poniendo en duda su viabilidad, se genera una inquietud que, curiosamente, favorece a bancos, aseguradoras o grandes grupos empresariales. Sin darnos cuenta vamos a hipotecarnos de nuevo abriendo un plan de pensiones, un seguro médico, o una universidad privada que “mejore” lo público.
Debemos reafirmarnos en nuestros derechos, que los servicios sean públicos y de calidad. Son más baratos y eficientes. No nos confundamos, lo que es bueno para la mayoría, lo es para todos. Quizás hoy podamos costearnos servicios privados ¿quién nos garantiza que siempre podamos permitírnoslo? Una lección que deberíamos aprender de esta crisis.

Este escrito ha sido enviado para su publicación en El País como Carta al Director, aunque no se ha publicado hasta la fecha

Comunidades cumplidoras e incumplidoras

dicen que el problema de España son las automías…

Se está generando estos días un nuevo debate sobre los ajustes necesarios en las comunidades autónomas que han incumplido el déficit del 1,5% de su PIB.

Pero para centrar el debate en su justa medida, sería necesario recordar que, en España, el PIB de algunas comunidades es casi la mitad que el de otras.

Si comparamos los datos del PIB autonómico de 2011, vemos que los ciudadanos de Castilla la Mancha, en vez de sentirse avergonzados porque en su comunidad se ha “despilfarrado” en la época socialista deberían preguntarse por qué ellos van a ser castigados con recortes cuando el gasto autonómico ha sido de apenas 19.000 euros por ciudano castellano-manchego (incluyendo el déficit del 7%) mientras que el gasto medio autonómico español es de 23.000.

O simplemente, comparándose con su vecina comunidad de Madrid, la más “cumplidora” pues es la única que no alcanza ese 1,5% previsto. Cumplen, pero han gastado por ciudadano más de 30.000 euros, un 60% más.

Por lo visto la salud y la educación de un extremeño tiene exactamente un 54% de importancia de la que tienen la de un vasco, la de un manchego es un 59% de la de un madrileño o la de un andaluz es un 64% de prioritaria que la de un catalán.

Quizás sea el momento de revisar ciertos criterios, que evidentemente no van a interesar a las comunidades más “ricas”, como ese PIB que no tenemos claro de dónde sale. Entre otras razones porque muchas grandes empresas se permiten el lujo de beneficiar a los ciudadanos de unas comunidades estableciendo en ellas sus sedes sociales y, por ello, concentrando a la mayor parte de sus trabajadores o, como mínimo, a los mejores pagados, además a de todas las pequeñas y medianas empresas que se establecen cerca de ellas como proveedoras, contratas, etc.

Comparemos el desierto empresarial de Castilla la Mancha con la superpoblación empresarial de Madrid y veremos que el pib autonómico es un criterio que permite fácilmente segregar a ciudadanos de primera y de segunda en función de una riqueza que las empresas reparten de manera desigual, bajo el criterio de sus propios intereses, y con carencia absoluta de la responsabilidad social de la que muchas presumen: véase dónde tienen su sede las empresas del IBEX o revisemos cualquier ranking empresarial.

La herencia histórica o la tradición económica no pueden ser un argumento para prolongar la desigualdad en los servicios a los ciudadanos, al menos si no existen unos mecanismos claros y permanentes de compensación desde el Estado.

Artículo que, algo más resumido, se envió a El País para su publicación en Cartas al Director, apareciendo como “El PIB de las Comunidades Autónomas”, el 15 de marzo de 2012.

Apuntes de sostenibilidad en Telefónica

Hablemos de eficiencia energética.
Telefónica, al trasladar a sus empleados al “Distrito C”, ha aumentado su eficiencia energética por diversos motivos.
Supongamos que sean 8.000 los trabajadores (de Telefónica de España) concentrados allí, y que directamente por ello se reduzca un 20% el consumo de energía.
Pensemos que, además, el tipo de construcción acristalada y con aislamiento térmico ahorre un 10% adicional.
Si se evitan desplazamientos entre oficinas, un 5% más.
En total, un 65% de consumo energético según nuestros nada exhaustivos cálculos.
El complejo urbanístico dispone de una de las mayores superficies de paneles solares fotovoltaicos de nuestro país: consideremos que se produce energía eléctrica equivalente a un 25% del consumo que estamos analizando.
Ahora hablaríamos de una reducción de ¡un 60% del consumo antiguo!.
Aunque esto sólo es una suposición -sean lan cifran correctan o no- es indudable que se consigue un aumento espectacular del balance de eficiencia energética. Y, todo hay que decirlo, una reducción de costes nada despreciable para la empresa.
Pero todo tiene dos caras. Si se nos permite el juego de palabras, podría ser un lavado de cara … de cara a la galería: medioambientalmente hablando, aparentemente el traslado de trabajadores al Distrito C es un avance.
Sin embargo hay factores que podrían reducir este positivo balance medioambiental y reducirlo a un simple y llano ahorro de costes, unido a un poco de marketing “verde”.
La segunda parte de este traslado es el negativo efecto que sobre el medio ambiente genera la obligación de que ocho mil trabajadores (más visitas) se trasladen diariamente hasta un lugar de las afueras de una metropoli como Madrid. ¿Quén mide este efecto contrario?


Pues ya que estamos, sigamos con nuestros rudimentarios cálculos:
Seguro que alguien de los que vivía em Madrid antes iba andando a su puesto de trabajo, por ejemplo, un 5%. Ahora dudamos que vaya un 0,1%.
Consideremos que antes se desplazara en metro, bus o tren a su centro de trabajo un 75% de la plantilla. Ahora quizás no pasen de un 55%.
Posiblemente antes se tardara en transporte público una media de 30 minutos. Ahora, una hora (de ahí el incremento del transporte privado, además del mayor espacio para aparcamiento que en lugares céntricos).
¿y quién cuantifica este incremento de consumo-contaminación? ¿contrarrestará esto la reducción de consumo de la empresa? ¿cuánto más gasto energético supone que 400 trabajadores ya no vayan andando, que 1.600 vayan ahora en coche propio o que 4.400 tarden media hora más dos veces al día?

Arriesgémonos:
400×1,5€ más en transporte público: 600€ [antes 0€]
1.600x40kmx10l/100kmx1,15€/l en coche: 7.360€ [antes 1.600×1,5€=2.400€]
4.400×1.5€ de incremento de desplazamiento en tiempo: 6.600€ [antes 3.300€]
¡casi 15.000€ diarios en coste por desplazamientos cuando antes eran 6.000€! ¡un incremento de un 150%!
Calculemos el coste “contaminante”:
transporte público: 25g[CO2] por Km (media 7km antes, ahora 12km). Antes  6.000x25x7=1.050kg ; ahora 4.400x25x12=1.320kg.
transporte privado: 140g[CO2] por Km (media antes 30km,  ahora 40km). Antes 1.600x140x30=6.720kg; ahora 3.600x140x40=20.160kg.
Es decir ¡casi se triplica el efecto contaminante!
Pues nada, os invitamos a que hagáis vuestros propios cálculos sobre los efectos de la reducción del consumo eléctrico de nuestra ecológica empresa… A lo mejor nos llevamos una sorpresa.
Pero en cualquier caso, independientemente de las cifras y del balance que dé este binomio, no es una política medioambiental correcta descargar a la empresa de peso contaminante para cargarlo sobre los hombros de los trabajadores, al menos sin tener en cuenta el impacto de este traslado sobre el consumo de energía total y, sobre todo, sobre el cielo de Madrid…