Frente a la rebelión de las élites, concienciación y solidaridad ciudadana.

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El lenguaje de la optimización de los recursos, de la reducción del déficit, de la eliminación de duplicidades, del combate del fraude en las prestaciones, de la mejora de la calidad educativa, de la insostebilidad de las pensiones esconde decisiones ya tomadas que benefician -y mucho- a las élites financieras que, no lo olvidemos, dominan bancos, multinancionales, instituciones europeas.

A quienes no le interesa esos derechos ciudadanos -porque se pueden pagar de forma privada sus necesidades- pretenden descaradamente evitar que con sus pequeños y excepcionales impuestos se financie lo público, para percibir aún más renta, sin rubor alguno, con todo el descaro, ante nuestras narices.

Pretenden convencernos de que el déficit es malo. Claro, eso significaría que para financiar las prestaciones deberán volver a pagar impuestos por encima del 1 o del 10%, porque con el deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores esto no se sostiene, eso es cierto. Tendrían que dejar de recibir subvenciones las eléctricas, las telecos, los bancos, etc. etc. O bien reorientarlas sólo a las empresas que inviertan, que creen empleo, que apuesten por una economía de futuro, que no contaminen…

Dicen que el problema son sindicatos y políticos, ciudadanos que gastaron más de lo que podían, el boom inmobiliario, pero eluden sus responsabilidades quienes más se han beneficiado, quienes pretenden beneficiarse a toda costa y aún en situaciones como las actuales, quienes quieren recibir plusvalías sí o sí, cualquiera que haya sido el resultado de su gestión, por encima de quien sea…

Pero los ciudadanos debemos recobrar nuestra conciencia de lo que somos, nada si nos creemos los mensajes del déficit y las reformas sin rechistar, volveremos a hipotecar nuestro futuro pero esta vez no con el préstamo de una casa a precios hinchados, sino para costearnos ahora una educación de “calidad”, una sanidad que nos cubra nuestras necesidades o un plan privado de pensiones que supla la pérdida de poder adquisitivo de nuestra merecida pensión.

¿Y a los políticos? ya nos encargaremos de exigirles a través de nuestros foros: asociaciones de consumidores, de vecinos, sindicatos, procesos electorales. Ya decidiremos nosotros mismos -sin tutela de los medios de comunicación- si votamos a unos, otros o los de más allá, pero los queremos ahí porque son el único enlace entre ciudadanía y poder. Si no existen no tenemos forma de intervenir en la vida pública, es decir, seríamos una dictadura. Por ahora sólo somos una democracia que debe mejorar, y es una gran diferencia.

¿Los sindicatos? ya nos afiliaremos al que más nos convenza, si queremos, o votaremos al que trabaje por nuestros derechos si nos da la gana cuando haya elecciones sindicales. Pero que estén ahí, desde luego no va a ser la patronal o sus medios de comunicación los que nos cuestionen su existencia si ellos son incapaces de cuestionar a sindicatos obsoletos, clasistas, obligatorios como los colegios profesionales, o a las mismas patronales.

¿El gasto público? ya decidiremos de dónde saldrán los impuestos para sostener el estado. En cualquier caso, si hay muchos funcionarios de sanidad, es probable que haya mejor sanidad y atención, además de más recaudación por irpf. Si los hay en educación, hay formación de calidad y nuevamente más cotizantes a la seguridad social, a las pensiones, al desempleo y en el irpf. A más inspectores de hacienda o de trabajo, se combatirá mejor el fraude fiscal y el laboral. Todos ganamos. Pero el problema es que van a tener que pagar impuestos los que se han acostumbrado a no hacerlo, a ganar más de lo que necesita nadie, más de lo que podría gastar en tres generaciones, a ganar sin riesgo ni responsabilidades.

Pero ya no nos engañan, ya sabemos qué pasa.

Cada recorte tiene un beneficiado, y no somos nunca los ciudadanos.

Grandes empresas, aseguradoras y bancos se frotan las manos por la parte del pastel que se pueden llevar “liberalizando”, vendiendo servicios públicos. Perderemos calidad, se perderá empleo, pero la factura pública me temo que bajará muy poco, puesto que el beneficio va a ir a manos privadas: planes de pensiones, pólizas médicas y colegios o universidades privadas pueden ser nuestra próxima hipoteca si no ponemos ya pie en pared.

Y van a tratar de evitarlo a toda costa: ignorando la interlocución sindical, recortando el derecho a la huelga y a la movilización pública, incluso ignorando a los propios políticos electos en el parlamento (tramitando decretos que eluden el debate legislativo) o puenteando -como a sindicatos- a los profesionales de la sanidad, a los de la educación o a quien se ponga por delante ¿es que no lo vemos aún?

Los ciudadanos no somos los que tenemos que entender los efectos el déficit o de la deuda soberana. Eso nos lo tendrán que explicar, y no lo han hecho: que no se puede gastar lo que no se tiene es muy pedagógico pero no somos niños, y hacer las cosas con sentido común hacer lo que hay que hacer, está muy bien como norma moral para una persona, pero es mejor que un gobierno utilice el sentido de estado, y hacer las cosas como dios manda ha de ser sustituido por hacer lo que los ciudadanos necesitamos, exigimos o, mejor aún, que nos sean reconocidos nuestros derechos ¿pero es que nos toman por imbéciles?

La herencia recibida sigue siendo una excusa porque, si ha existido fraude, dispendio o despilfarro debe ser denunciado cuál, dónde y quién ha sido, y eso no se ha hecho (sólo se ha señalado con el dedo a responsables “políticos” del despilfarro), con lo cual ahora si se nos van a pedir sacrificios nos tendrán que explicar por qué, pues seguimos sin  entender cómo hemos llegado a esta situación.

Se nos habla de comunidades despilfarradoras, cuando suelen ser las que menos gastan por ciudadano (como Castilla la Mancha) y llaman cumplidoras a las que gastan el doble (como Madrid).
Pese a que se habla abiertamente de duplicidades y se culpa a las autonomías, hay más gasto en el estado, aunque se tiene que recortar menos y eso que las grandes partidas están transferidas. Así, mientras el déficit total en euros es sólo un 15% mayor en las cc.aa. (con un gasto total un 70% mayor por tener transferidas sanidad y educación) se les exige que recorten un 60%, frente a sólo un 35% que se exige a la administración central. Pues no lo entiendo.

En fin, si de esta crisis debemos sacar una lección es que detrás de muchas cosas que se dicen hay intereses, muchos, y la mayoría económicos.

Tenemos que tomar conciencia ciudadana. Tenemos derechos. Si nos exigen sacrificios habrá que explicarlos, seguramente los asumiremos. Pero no lo han hecho, no han habido explicaciones ¿por qué entonces tenemos que acatar los recortes sin más?.

Seamos ciudadanos. Seamos trabajadores. Seamos solidarios. Seamos críticos y exigentes.

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